2- Apertura a la colaboración público-privada en materia de intermediación laboral con agencias privadas de colocación con ánimo de lucro como instrumento clave.
3- Ampliación de las funciones de las agencias de colocación:
"a) Pueden desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional (nuevo art. 21 bis.1 Ley de Empleo).
b) Pueden centrarse en labores de selección de personal (nuevo art. 21 bis, 1 Ley de Empleo).
c) Pueden realizar actividades de recolocación de trabajadores (nuevo art. 20.2 Ley de Empleo) .
4- Sólo se permite la actuación de las empresas de recolocación en procesos de reestructuración empresarial y únicamente cuando el recurso a sus servicios de recolocación “hubiera sido establecida o acordada con los trabajadores o sus representantes en los correspondientes planes sociales o programas de recolocación” (dicción literal del art. 20.2 Ley de Empleo).
5- La mención a los “planes sociales” o “programas de recolocación” nos da la pauta interpretativa: sólo podrán desarrollar su actividad en los despidos colectivos, en los que exige un plan social como requisito para el inicio del procedimiento.
6- La escasa regulación del art. 20.2 Ley de Empleo deja numerosos interrogantes.
- ¿puede la empresa en ERE realizar la labor de recolocación o sólo puede realizarlo una empresa de recolocación debidamente autorizada?;
- ¿quién contrata el servicio?
- ¿quién corre con los gastos? ¿es o no gratuito, entre otras cuestiones?.
- ¿hay posibilidad de que los trabajadores puedan recurrir a las empresas de recolocación cuando la pérdida de su empleo se deba a situaciones ajenas a la reestructuración empresarial?
Extraído del ártículo "Los mecanismos de intermediación laboral tras la reforma operada por el RD-L 10/2010. En especial, la aparición de las Agencias privadas de colocación con ánimo de lucro" publicado por la Prof. Mª José Rodríguez Crespo.
